LEY DE COMUNICACIÓN

                                                     Ley de Comunicación

La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada el 14 de junio por la Asamblea Nacional, es una victoria de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo hemos luchado por mejores condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación y el acceso universal a las tecnologías y medios que la facilitan.

La distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas, una de las principales banderas exigidas desde las redes y entidades de comunicación y la sociedad civil, ha sido finalmente reconocida en la Ley. El artículo 106 establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de radio y televisión serán distribuidas equitativamente: 33 por ciento para medios públicos, 33 por ciento para medios privados, y 34 por ciento para medios comunitarios.

Ecuador logra así un avance realmente histórico, porque abre la posibilidad de que las voces de los excluidos y excluidas puedan expresarse a través de sus propios medios de comunicación. Ahora los medios públicos y comunitarios tienen una Ley que los ampara y promueve. Nunca más los medios comunitarios podrán ser perseguidos como ilegales o piratas. Gana la democracia, gana el país y ganan los sectores populares, que por siglos fueron condenados al silencio.

Otro aspecto positivo de la Ley es que, con la restricción a los monopolios y oligopolios (Artículo 113), se garantiza una mayor diversidad y pluralidad de voces en la esfera pública. A partir de ahora los medios están obligados a difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de, al menos, 5 por ciento de su programación diaria (Artículo 36). La Ley también garantiza la inclusión de las personas con discapacidad a través de diversas medidas (Artículo 37).

La ciudadanía cuenta con mayores garantías para acceder a información de calidad elaborada con responsabilidad social. Los trabajadores y trabajadoras de los medios contarán con mejores condiciones para desempeñar su trabajo, con respeto a sus derechos laborales.